Insolvencia y acceso a la justicia en México – LexLatin
La insolvencia es un fenómeno inherente al crédito. No existe uno sin el otro. Si bien los factores por los que se genera la crisis de solvencia pasan en ocasiones por la impericia o la mala fe de los acreditados, por lo general, obedece a factores que escapan al propio deudor. El fenómeno afecta a todos los sectores de la economía, incluso al financiero, que ha sobrevivido gracias a esquemas de rescate de los que no dispone el ciudadano común.
Hoy se hace necesario el eficaz acceso a la justicia para los comerciantes que han caído en insolvencia. La pandemia del Covid-19 dejó a su paso una profunda destrucción en el área de micro financiamiento, turismo y restauración. A dicha crisis, se suma la peor inflación de los últimos cuarenta años en Estados Unidos y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, eventos que podrían generar una recesión a nivel mundial.
Después de un incremento exponencial del crédito a nivel personal, gubernamental y corporativo, el entorno mundial nos ubica a las puertas de una nueva crisis. Las dudas que subyacen son si los deudores están listos para encarar los compromisos asumidos durante ese largo período de dinero fácil y si el poder judicial está preparado para enfrentar una alteración generalizada en la factibilidad de pago de los créditos.
Ante circunstancias como esta, una de las aspiraciones de los expertos en insolvencia ha sido la creación de juzgados especializados en materia concursal. En respuesta a ello, por acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal del 2 de febrero del 2022, se crearon dos juzgados para conocer de todos los concursos de la República Mexicana.
Desafortunadamente, los términos del acuerdo, lejos de facilitar el acceso a la justicia, lo frustran. Al crear los juzgados especializados en la Ciudad de México, el Consejo los dotó de competencia para conocer de todos los concursos del país. Esto implica que, de no combatirse el acuerdo, los comerciantes se verán impedidos para acceder al concurso en el lugar del principal asiento de sus negocios, debiendo trasladarse a la capital.
La afectación del acceso a la justicia resulta de gran calado. Pensemos en pequeños y medianos comerciantes en estados como Baja California o Yucatán, respecto de los cuales el costo de un proceso a miles de kilómetros de distancia sería intolerable. Esto teniendo en cuenta que la necesidad de acudir al concurso obedece precisamente a que se encuentran en una magra situación económica.
Así, el Consejo de la Judicatura Federal ha vulnerado la Constitución en perjuicio, sobre todo, de los justiciables del interior del país. A partir de ello, se les obliga a tolerar una traba importante en su acceso a la justicia (la distancia), un aumento exponencial en el costo del proceso y, además, una justicia más lenta, teniendo en cuenta la saturación de casos en un solo órgano.
No se discute aquí la finalidad de los cambios del consejo. Sin duda, la especialización bien estructurada traería beneficios. Lo correcto hubiese sido crear paulatinamente tribunales concursales en los distintos circuitos del país y seguir contando mientras tanto con los Juzgados de Distrito en donde no hubiere especializados. Sin embargo, no prevaleció aquí la lógica. El consejo ordenó la concentración inmediata de la administración de justicia en la capital, lo cual constituye una medida centralista, muy lejana a las necesidades de los empresarios mexicanos.
Ante la crisis económica y la irregular actuación de las autoridades, corresponde a los gobernados una postura diferente. Los comerciantes deben hacer caso omiso de estigmas antiguos de quien acude a un concurso y hacer uso de las herramientas que concede la Ley de Concursos Mercantiles (LCM) para la reorganización de su empresa. Por su parte, toca a los abogados postulantes asegurar -en beneficio de dichos empresarios- un efectivo acceso a la justicia, sin importar el tamaño de su negocio ni el lugar de la administración principal de este.
Una sólida defensa de los derechos fundamentales de los comerciantes para acudir a los tribunales en el lugar del asiento principal de cada negocio, sumada al correcto uso de las herramientas de reorganización judicial, permitirá hacer frente a la crisis, conservando el esfuerzo invertido en las empresas, sus activos y las fuentes de trabajo que significan.
* Alfonso Peniche García es socio de Guerra González y Asociados S.C. Jaime R. Guerra González es socio fundador de Guerra González y Asociados S.C.